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El Estado Peruano ante los retos del proceso de consulta previa

El reglamento se aprobó hace varios meses y pareciera que el tema se quedo allí pendiente, esperando que algún conflicto generada como producto de una oposición férrea contra algún proyecto de inversión plantee la puesta en marcha de las soluciones que el Estado tiene bajo la manga…

Sea como fuere, este texto publicado en Actualidad Jurídica recorre para esos temas discutidos y pendientes hasta la fecha.

Los nuevos retos del Estado con relación al proceso de consulta previa

Los conflictos sociales en el Perú

Desde el regreso al sistema democrático, el índice de conflictividad social en el Perú viene escalando de manera constante, sin que a la fecha el Estado Peruano haya puesto en práctica una respuesta concreta y articulada que no solamente se enfoque en resolver los conflictos cuando ingresen a su etapa de crisis, sino sobre todo para evitar el escalamiento de los mismos.

Así, el incremento de la conflictividad social durante los últimos años viene poniendo en jaque tanto las bases del modelo de desarrollo así como del sistema democrático. Por lo tanto, dada la naturaleza y violencia que han alcanzado muchos de estos conflictos, sobre todo al interior del país, no cabe más que concluir que los mismos constituyen un serio riesgo para la gobernabilidad.

Fueron estos – entre otros motivos – los sustentaron la redacción del presente texto que forma parte de un trabajo más extenso, espero que le sirva a todos ustedes como una suerte de escueto resumen para entender los procesos de conflictividad social que actualmente enfrenta nuestro país.

Conflictos sociales en el Perú

Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT

El presente Informe solicita al Gobierno Peruano suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas y nativos.

Entre las recomendaciones se precisa que la suspensión debe permanecer hasta asegurar “la participación y consulta de las personas afectadas a través de sus instituciones representativas en un clima de total respeto y confianza”.

Un documento para el debate, habrá que esperar la respuesta del gobierno entre junio y setiembre del presente año.

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